El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se ha convertido para el Estado colombiano en una de las banderas de la locomotora energética. En el año 2009, mediante 0889 del 15 de mayo, le fue adjudicada la Licencia Ambiental, desde entonces los argumentos negativos han crecido con el paso de los años desde las comunidades de la zona de influencia, y actualmente son palpables los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales, cuestionados por la Contraloría General de La República y la Corte Constitucional. Aunque se prevé una inminente inundación, en el departamento del Huila cada vez son más los que dicen No al Quimbo.

La doctora Cecilia Quimbayo funcionaria de la Contraloría General de la República realizó fuertes cuestionamientos con base en estudios, tanto a Emgesa, constructora del Quimbo, como a la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) por la actuación que han tenido en las problemáticas desencadenadas en el departamento. A continuación los argumentos:

La Asociación de Afectados por El Quimbo (ASOQUIMBO) en cabeza del profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana, Miller Dussán, socializó los impactos que ha generado el Quimbo en seis años de entregada la Licencia Ambiental:

Daños económicos

El Gobierno de Uribe para beneficiar a Endesa (España) le concesionó el proyecto unipropósito (sólo para generar energía para exportación y otras actividades extractivas) con “cargo por confiabilidad”, es decir, un pago periódico fijo durante 20 años, aunque no genere electricidad; pago que se suma a la factura de los usuarios del servicio eléctrico.

El avalúo de los predios y mejoras objeto de utilidad pública, se hicieron sobre el valor catastral que estaba alrededor del 60% del valor comercial, tal como lo sugirió Emgesa.

No se restituyeron las 5.300 hectáreas en producción de las 8586 a inundar que producen un volumen promedio anual de 30.381 toneladas de alimentos agrícolas (cacao, sorgo, maíz, arroz, etc.) y 2.710 toneladas de producción pecuaria, generando utilidades anuales que rondan los COP $33.000.000.000, proporcionando además trabajo, sustento y alimentación para más de 15.000 personas de la región. Dos mil setecientas (2700) hectáreas estaban destinadas para jornaleros, mayordomos, pescadores, madres cabeza de familia, entre otros.

Como consecuencia de lo anterior, se destruyeron las cadenas productivas vulnerando todos los derechos constitucionales de las nuevas víctimas (28.664) entre ellas, pescadores, partijeros, arrendatarios, mayordomos y jornaleros, campesinos propietarios, transportadores, comerciantes y mineros artesanales, que según Emgesa solicitaron ser incluidas en el nuevo censo ordenado por la Corte Constitucional, Sentencia T-135/13, pero que fueron desconocidas por la compañía, que sólo había reconocido 1.537 como afectados directos.

La CGR considera que la no restitución de la actividad económica es uno de los factores de vulneración de Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución Política. Sin embargo, ante la inexistencia de tierras para el reasentamiento de las comunidades con las mismas características de producción que las que se van a inundar, Emgesa, optó por ofrecerles dinero y de no aceparlo por el despojo, acudiendo a los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito de Garzón, Huila, donde se encuentran en curso sesenta y cuatro (64) procesos de expropiación que corresponden a 113 predios. Se han realizado treinta (30) diligencias de entrega anticipada que corresponden a 57 predios, y están ya programadas por los despachos judiciales cuatro (4) diligencias, que corresponden a 16 predios adicionales.

Emgesa ha adelantado reasentamientos sin el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental y el proceso de revisión y ajuste de los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial -POT- que corresponden a las administraciones municipales y no a la consultora privada CODEIN que contrató la compañía.

Encarecimiento de las actividades comerciales especialmente en los municipios de Gigante y Garzón.


Daños sociales

Más de 30.000 víctimas de la destrucción de las cadenas productivas de las cuales han sido desplazadas más de 3000 de las tierras donde laboraban y del río Magdalena y desalojadas cerca de 700 personas por medio de la violencia policial, sin la compensación que establece la Licencia Ambiental, entre ellos, los pescadores a quienes se les destruyó su actividad.

Destrucción de tejidos sociales, enfrentamientos entre comunidades, muertes por afectaciones psicosociales.

Incremento de la delincuencia común, la drogadicción, la prostitución, el abandono de los hogares y la deserción escolar.


Daños ambientales

Se destruyeron 7.400 hectáreas de la zona de Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, del Macizo Colombiano y las cuencas del rio Magdalena: 842 hectáreas de bosque tropical seco, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en peligro de extinción, entre otras.

En términos de cobertura vegetal “se destruyeron cerca de tres mil hectáreas que equivalen alrededor de 900.000 metros cúbicos de madera que costarían aproximadamente 100.000 millones de pesos y que Emgesa se comprometió a pagar por el valor de 10 mil millones de pesos”.

Sustracción ilegal de materiales de arrastre razón por la cual la CAM expidió la resolución No 0413 de marzo 12 de 2014 aplicando la medida preventiva de suspensión de las actividades del título FLV-082 a nombre de ANUNCIACIÓN TRUJILLO ANDRADE por haber explotado alrededor de 800.000 m3 en un plazo de 6 meses cuando el volumen autorizado era de 60.000 m3/año, por lo que se impuso una insignificante multa de 1.950 millones de pesos.

La CAM impuso como medida preventiva a Emgesa suspender la actividad de aprovechamiento forestal en el vaso del embalse del PHEQ, hasta tanto Emgesa realice el inventario de las especies EPIFITAS presentes en dicha zona y se realice el trámite para el levantamiento de la veda de las especies que allí se encuentran y que están catalogadas como tal en la Resolución No.0213 de 1977.

La CAM informó que Emgesa se niega a pagar el valor real de la Tasa de Aprovechamiento Forestal por la tala de árboles de la zona de inundación del Quimbo equivalente a 17 mil millones de pesos aproximadamente que son recursos provenientes de un bien público.


Daños culturales

Después de haber ordenado la suspensión de las obras del Proyecto por la sustracción ilegal y destrucción de hallazgos arqueológicos, el ICANH resolvió multar a Emgesa con exiguos 200 salarios mínimos.

Siete años después de haberse incluido en la Licencia Ambiental un programa de traslado y restauración de la Capilla San José de Belén del Agrado, el Consejo Departamental de Patrimonio conceptuó la destrucción de la misma a cambio de una réplica donde se incorpore la cruz de remate del campanario, campana, pisos de baldosín, retablo o un fragmento del muro en tapia pisada”, como se lo sugirió Emgesa, para disminuirle los costos del traslado integral.

Por su parte la Gobernación del Huila, con su delegado el Secretario de Agricultura y Minería, Camilo Ospina Martínez, quien manifestó que la administración del departamento ha realizado acciones contundentes de seguimiento a los compromisos que tiene la multinacional constructora del Quimbo. Además, ante las exigencias de los habitantes de la zona de influencia, a gestionar espacios de encuentro entre la administración y los afectados. A continuación las palabras del delegado:
Durante la Audiencia Pública de Seguimiento al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, desarrollado el 28 de mayo de 2015 en la Universidad Surcolombiana, desde el Macroproyecto de Acompañamiento al Proceso organizativo de Defensa de la Cuencadel Río Magdalena para la garantía y restablecimiento de los derechos humanos y los DESCA" - de los afectados por la política minero energética en la zona centro y sur del Departamento del Huila"; coordinada por la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana, fueron socializados contundentes problemáticas generadas por el Proyecto Hidroeléctrico. Las voces de organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas, también plantearon exigencias frente a los impactos: 

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