La historia de la relación de los Pueblos Indígenas con el derecho occidental ha sido de conquista, exterminio, genocidio y resistencia. Durante la Conquista los españoles (guerreros y sacerdotes en aplicación de sus instituciones jurídicas), en despoblado y sin nuestra presencia, entendimiento y conocimiento, procedían a instar a nuestros pueblos a la rendición y la sumisión al Rey de España y al Papa de Roma antes de emprender las batallas para aniquilar a nuestra gente y apoderarse de nuestras riquezas.
Durante la época colonial, nuestros Pueblos y Caciques reclamaron el reconocimiento de sus derechos y resistieron las imposiciones externas, como en el caso de la Cacica Gaitana del Pueblo Nasa. Las luchas de resistencia de los Pueblos Indígenas colombianos, desde esa época, han estado fundamentadas y respaldadas por reclamos, demandas, peticiones y procesos administrativos y jurisdiccionales, que antiguamente podían durar décadas y hasta cientos de años.
Ya en el siglo pasado Manuel Quintín Lame Chantre, terrajero de San Isidro y Cacique de los Pueblos Indígenas del Cauca, Tolima, Huila, Nariño y el norte del Ecuador, lideró la resistencia indígena para defender las tierras de los resguardos, a nuestras autoridades y culturas. El camino trazado por Lame fue continuado en los años 70 del siglo pasado por nuestros pueblos mediante el proceso organizativo reiniciado en el Cauca (CRIC) y la Sierra Nevada de Santa Marta (CIT), generándose el actual movimiento indígena nacional.
En los diferentes periodos que van desde la época colonial hasta la actualidad, las Leyes de Indias y las normas republicanas han reconocido la legitimidad y existencia de las autoridades indígenas, así como diversos grados de competencias en asuntos jurisdiccionales y administrativos internos. Colombia cuenta formalmente con una de las legislaciones indígenas más avanzadas a nivel global, producto de luchas históricas de resistencia de los pueblos indígenas, de la extinción de numerosos pueblos y de la dramática disminución de nuestra población, con fundamento en la aplicación de políticas de extinción, mestizaje e integración forzada.
Los Pueblos Indígenas tenemos proyectos históricos de pervivencia, fortalecimiento y reconstrucción de nuestra identidad y cultura que nos permiten lograr con claridad, constancia, paciencia, malicia indígena y lucha organizada, el reconocimiento y la realización de nuestros derechos. Los Pueblos, Autoridades y Comunidades Indígenas hacemos que la ley viva. El derecho es un instrumento, una herramienta que bien usada respalda, sirve para mejorar la vida y garantizar la pervivencia; pero que, al igual que el cuchillo o el machete, contiene partes que desconocen, limitan e impiden la realización de los derechos indígenas: la ley es como un costal de anzuelos que por donde se lo toque puede herirnos.
A pesar de lo dicho anteriormente, la división político–administrativa de la República de Colombia ha venido fraccionando los territorios y resguardos de nuestros pueblos en detrimento de la integralidad de nuestros derechos territoriales y de la organización política propia, así como de la competencia y ejercicio de la justicia por parte de nuestras autoridades tradicionales y cabildos.
Por motivos históricos, políticos, sociales y culturales, nuestros pueblos se han visto obligados a grandes cambios que se manifiestan en la pérdida de los idiomas y el debilitamiento de instituciones propias en relación con la justicia, que hoy han causado la aparición de diversos grados del ejercicio de la justicia. Por ello, desde 1980, nuestros Pueblos y Autoridades se vieron obligados a fortalecer y profundizar el proceso de recuperación y de actualización de la Ley de Origen, del Derecho Mayor y del Derecho Propio.
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| LA MALO-KA YANAKUNA (JA YAYA) |
Ya en el siglo pasado Manuel Quintín Lame Chantre, terrajero de San Isidro y Cacique de los Pueblos Indígenas del Cauca, Tolima, Huila, Nariño y el norte del Ecuador, lideró la resistencia indígena para defender las tierras de los resguardos, a nuestras autoridades y culturas. El camino trazado por Lame fue continuado en los años 70 del siglo pasado por nuestros pueblos mediante el proceso organizativo reiniciado en el Cauca (CRIC) y la Sierra Nevada de Santa Marta (CIT), generándose el actual movimiento indígena nacional.
En los diferentes periodos que van desde la época colonial hasta la actualidad, las Leyes de Indias y las normas republicanas han reconocido la legitimidad y existencia de las autoridades indígenas, así como diversos grados de competencias en asuntos jurisdiccionales y administrativos internos. Colombia cuenta formalmente con una de las legislaciones indígenas más avanzadas a nivel global, producto de luchas históricas de resistencia de los pueblos indígenas, de la extinción de numerosos pueblos y de la dramática disminución de nuestra población, con fundamento en la aplicación de políticas de extinción, mestizaje e integración forzada.
Los Pueblos Indígenas tenemos proyectos históricos de pervivencia, fortalecimiento y reconstrucción de nuestra identidad y cultura que nos permiten lograr con claridad, constancia, paciencia, malicia indígena y lucha organizada, el reconocimiento y la realización de nuestros derechos. Los Pueblos, Autoridades y Comunidades Indígenas hacemos que la ley viva. El derecho es un instrumento, una herramienta que bien usada respalda, sirve para mejorar la vida y garantizar la pervivencia; pero que, al igual que el cuchillo o el machete, contiene partes que desconocen, limitan e impiden la realización de los derechos indígenas: la ley es como un costal de anzuelos que por donde se lo toque puede herirnos.
A pesar de lo dicho anteriormente, la división político–administrativa de la República de Colombia ha venido fraccionando los territorios y resguardos de nuestros pueblos en detrimento de la integralidad de nuestros derechos territoriales y de la organización política propia, así como de la competencia y ejercicio de la justicia por parte de nuestras autoridades tradicionales y cabildos.
Por motivos históricos, políticos, sociales y culturales, nuestros pueblos se han visto obligados a grandes cambios que se manifiestan en la pérdida de los idiomas y el debilitamiento de instituciones propias en relación con la justicia, que hoy han causado la aparición de diversos grados del ejercicio de la justicia. Por ello, desde 1980, nuestros Pueblos y Autoridades se vieron obligados a fortalecer y profundizar el proceso de recuperación y de actualización de la Ley de Origen, del Derecho Mayor y del Derecho Propio.
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