El Consejo Regional Indígena del Huila “CRIHU” viene participando de un proceso de movilización social junto con el Consejo Regional Indígena del Cauca “CRIC” y el Consejo Regional Indígena de Caldas “CRIDEC”, además de otras organizaciones sociales de la región, haciendo causa común en la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” del Suroccidente Colombiano. Desde estos espacios se ha venido consolidando una serie de acciones políticas, reivindicativas, de compromisos y acuerdos suscritos con el gobierno Nacional y Departamental en función de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales y legales con enfoque diferencial étnico.
En el marco de este proceso de articulación político
regional, hemos decidido participar del Paro Nacional que inicia el día 28 de
abril de 2021, con la intención de aportar en la construcción de una fuerza
movilizadora y transformadora de la actual política nacional y sus mafias
regionales que se empeñan en pauperizar y someter al hambre a las grandes
mayorías populares de nuestra sociedad, desestabilizando la armonía y el
equilibrio de la madre tierra y de todos los seres que en ella habitan, todo
ello en favor de los intereses corporativos, de los sectores terratenientes,
del capital transnacional y de las castas políticas y económicas nacionales y
locales.
Actualmente nuestro país atraviesa una grave crisis
sanitaria, ambiental, social, económica y de manera contradictoria, el
gobierno, en lugar de generar mecanismos de salvamento y de apoyo social, se ha
empeñado en hacer más lamentable la situación del pueblo colombiano con el
desmonte del proceso de paz, el recrudecimiento de la violencia tanto en el
campo como en las ciudades, el asesinato de líderes sociales, las masacres a lo
largo y ancho del país, la afrenta ambiental por las fumigaciones con químicos
devastadores sobre los territorios y los ecosistemas, la militarización de las
regiones, la brutalidad policial, la inactividad e ineficiencia para el control
del orden público y la falta en general de garantías para el libre ejercicio de
la organización, la movilización social y la pervivencia cultural, sin contar
el gran despropósito social que implica la reforma tributaria.
El gobierno nacional, ha demostrado ser incapaz de
conectar con las necesidades más sentidas de la sociedad colombiana, tampoco ha
sido leal a la palabra empeñada con los compromisos suscritos en el
Departamento del Cauca con la minga del suroccidente colombiano, presentando a
la fecha grandes incumplimientos a lo pactado en varios asuntos de interés de
nuestras comunidades.
Las comunidades indígenas del país venimos siendo
sometidas de manera sistemática a un exterminio cultural y político que no
cesa, tal como ya ha quedado demostrado en la Sentencia T-025 de 2004 y sus
Autos derivados, nuestros territorios vienen siendo vulnerados tanto por la
desidia estatal como por la acción de los diferentes actores armados que permanentemente
vienen cobrando la vida de nuestros comuneros, el más reciente caso corresponde
al asesinato de la mayora Sandra Liliana Peña Chocue, Gobernadora del resguardo
indígena "La Laguna-Siberia SAT Tama Kiwe", en el municipio de
Caldono, Cauca; así como la emboscada que dejó heridos a más de 22 comuneros
del mismo resguardo. Estas acciones se suman a toda una serie de atropellos
cotidianos contra nuestras comunidades, que incluyen reclutamiento de menores,
intimidación y amenazas directas sobre las autoridades y la guardia indígena,
patrullajes de hombres altamente armados, extorsiones, entre otras acciones que
afectan la tranquilidad de nuestras comunidades, no solo en el cauca, también
en nuestro departamento con saldos muy dolorosos y lamentables.
La situación de las comunidades indígenas del Huila y
la región se han visto evidentemente afectadas por las equivocas decisiones del
gobierno nacional, con su política del garrote y la excusa del COVID para
construir una cortina de huno que les facilita la realización de todo tipo de
arbitrariedades y adefesios legales en el marco del estado de emergencia.
Ante la hecatombe y la incapacidad estructural de este
gobierno, el Consejo Regional Indígena del Huila “CRIHU” se declara en asamblea
permanente desde los diferentes territorios ancestrales se suman de manera
activa a los procesos de movilización que comienzan este 28 de abril del
presente año, con la intención de generar una contracorriente social hacia una
minga nacional que logre contrarrestar estas aires guerreristas y neoliberales
y poder construir colectivamente las propuestas alternativas y unitarias hacia
un nuevo poder que dignifique el ejercicio de la política en favor de los más
necesitados y no de las elites económicas.
Como organización participaremos del paro nacional en
las actividades que se desarrollarán en tres municipios a saber: Neiva,
Pitalito y la Plata, convocando a nuestras bases y en general, a todo el
movimiento indígena y social, así como a la ciudadanía en general que padece y
soporta estas graves medidas para que se movilicen masivamente en estas
jornadas y en los respectivos procesos democráticos que se avecinan para la
construcción colectiva del buen vivir y una paz social para los territorios y
la vida en general.
AUTORIDADES INDIGENAS CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL
HUILA
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